Se trata de una fórmula contemplada en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que consiste en que una empresa puede presentar ante el Ayuntamiento una propuesta para asumir la urbanización de un espacio de la ciudad contemplado en el PGOU que esté por desarrollar. En este caso, esa sociedad se ofrece a asumir la gestión del planeamiento así como las obras de urbanización del sector en cuestión, a cambio de hacerse con parte de los derechos constructivos que poseen los propietarios de la parcela. Para ello, se hace una valoración económica que equipare la parte del proyecto que quedaría en manos del nuevo agente, a modo de retribución, con los gastos que le suponen los trabajos para dejar el suelo listo para edificar.

A raíz de una propuesta presentada por la promotora marbellí Sierra Blanca hace dos años, la Gerencia Municipal de Urbanismo abrió de forma oficial el pasado día 3 de marzo el concurso para seleccionar el agente urbanizador que se encargará que activar el proyecto para El Bulto previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) desde 2011. El plazo para la presentación de las propuestas era de un mes, y ha expirado en la noche de este jueves. Según ha podido confirmar SUR, Sierra Blanca, principal impulsora de este concurso, ha presentado su propuesta; y también lo ha hecho la promotora Urbania, en unión con la constructora Guamar, y con la colaboración de una institución sin ánimo de lucro para abordar la vertiente social del proyecto en una zona donde todavía existen 'infraviviendas'. Asimismo, se ha registrado un tercer proyecto tras el que se encuentra el estudio del arquitecto José Seguí, como proyectista y también como gestor de la actuación.

El procedimiento activado por Urbanismo ha previsto dos fases. En la primera, ya activada y con resultado positivo, al haberse registrado varias ofertas, las promotoras interesadas aportan sus propuestas para la ordenación urbanística del sector y el proyecto de urbanización, que serán expuestas al público durante 20 días para recabar alegaciones. Concluido ese plazo, responsables de Urbanismo puntuarán cada uno de los diseños en función de unos criterios que valorarán la composición volumétrica y singularidad de los edificios, su integración en la ciudad, la calidad de los espacios públicos, la reubicación del Cottolengo en un nuevo edificio y la solución para integrar en superficie el trazado del ferrocarril del puerto, haciendo posible su soterramiento en el futuro, entre otras cuestiones.

Una vez puntuadas las propuestas a nivel técnico, se obtendrá un proyecto ganador y, superado ese proceso, comenzará la segunda fase, en la que Urbanismo abrirá un plazo de un mes para que las empresas aporten su propuesta a nivel jurídico y económico para desarrollar ese proyecto seleccionado por sus valores técnicos, aunque no sea el suyo.

Este aspecto ha sido rechazado formalmente por la Asociación de Constructores y Promotores con la presentación de un recurso en el que, como informó SUR el pasado día 28 de marzo, se argumenta que es ilegal adjudicar por separado en un mismo procedimiento el proyecto arquitectónico y la propuesta económica. Para la Asociación de Promotores, resulta «contrario a derecho» que «el agente urbanizador pueda ser elegido para desarrollar una alternativa técnica que puede no ser la que él mismo haya ofertado o incorporado a su propuesta». Para ello aportan una serie de argumentos jurídicos y hacen alusión a diferentes artículos del reglamento de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).

Demanda a la espera de respuesta

No obstante, la respuesta a esta demanda, por ahora en vía administrativa, no ha sido oficializada aún por Urbanismo y según fuentes municipales consultadas «la estimación o no del recurso tendrá que ser validada por el consejo rector de la Gerencia, que es el órgano que dictó el acto de licitación» del concurso del agente urbanizador.

La propuesta presentada inicialmente por Sierra Blanca planteaba una torre de unas 22 plantas que se levantaría sobre una base comercial o de oficinas con fachada hacia el paseo Antonio Machado. Además, la promotora marbellí contempla realizar dos aparcamientos de uso público: uno bajo el campo de fútbol existente junto al colegio Luis de Góngora, que se mantiene en su lugar; y otro bajo las nuevas zonas verdes de que dispondrá el sector.

Igualmente, apuesta por realojar a las familias que habitan este enclave en condiciones de 'infravivienda' en dos nuevos edificios de planta baja más nueve que se levantarían en los extremos de la calle Agustín Montes Fuentes; por realizar una nueva avenida norte-sur que suponga una prolongación de la calle Ferrocarril del Puerto hacia el paseo de Antonio Machado, para lo que sería necesario que se haga el soterramiento del eje ferroviario hacia el recinto portuario; y por trasladar la residencia diocesana del Cottolengo a un edificio de nueva construcción que ocuparía lo que actualmente es el instituto provincial de formación de adultos, que tendría que mudarse a otra zona.

El Consistorio es uno de los propietarios de los terrenos, ya que en la zona posee el albergue municipal y otros equipamientos del área de Derechos Sociales que posiblemente tendrían que reubicarse para dar paso a la nueva ordenación.