Nabguha Mahyub Mohamed tenía ocho años cuando pisó por primera vez suelo en España. Fue al inicio del verano, dentro del programa Vacaciones en Paz, una iniciativa de acogida temporal de menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf. Dos años después, se quedó de manera permanente con su familia española en Plasencia (Extremadura, 40.000 habitantes): “Son como mis padres, una parte fundamental de mi vida”.

Tras estudiar Educación Infantil en la universidad, Mahyub se mudó a Euskadi “para cambiar de aires y buscar oportunidades profesionales”. Hoy en día trabaja en un centro de menores cuya tutela depende de la Diputación Foral de Bizkaia. “Velo por su cuidado en general y les acompaño en su adaptación al centro. Como hablo árabe, facilita mucho la comunicación con los recién llegados”, reconoce.

Esta joven de 28 años es una de las 4.370 personas apátridas que residen en España. Una de cada cuatro vive en Euskadi —como ella misma—, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, 1.369. En segundo lugar, lejos, se sitúa la Comunidad Valenciana (595), seguida de Andalucía (558). En el caso vasco, las personas sin asignación a un Estado han crecido un 75% en la última década, una tendencia al alza también a nivel nacional.

Mahyub, con un marcado acento extremeño, cuenta que, pese a haber pasado la mayor parte de su vida en España, aún no ha conseguido la nacionalidad. La Oficina de Asilo y Refugio “me la ha rechazado varias veces, aunque llevo todo este tiempo aquí. Me exigen diez años como apátrida para solicitarla, pero no me cuentan los años anteriores a este estatus”, explica para EL PAÍS esta saharaui que se siente “muy bien acogida” en Euskadi. Lo que necesita es simplemente una resolución declarativa, es decir, una especie de reconocimiento, ya que una persona es apátrida por el hecho de serlo, no porque el Estado la declare así.

Su familia de acogida española le ofreció una adopción, pero ella la rechazó porque quería mantener sus apellidos: “No quería renunciar a mi identidad, aunque eso me hubiese facilitado mucho la vida”. Precisamente, esta hubiera sido una vía para cumplir uno de sus grandes sueños: acceder a una plaza como docente en la educación pública. “Son muchos obstáculos por no tener una nacionalidad reconocida”, lamenta.

A falta de datos oficiales sobre sus lugares de procedencia, las diferentes organizaciones sociales coinciden en que la gran mayoría de los apátridas en España son saharauis. “Es un colectivo muy vinculado entre sí, muy organizado a través de asociaciones y con mucha presencia. Esto facilita la circulación de la información e hizo que muchísimas personas saharauis solicitaran en su momento el estatuto de apatridia”, explica Javier Canibell, el director general de Zehar-Errefuxiatuekin, una de las entidades vascas más importantes que trabaja en procesos de acogida.

Las redes familiares no solo han sido decisivas para la llegada de este colectivo a Euskadi. También lo han sido el asociacionismo vasco y una sensibilidad social que se ha ido consolidando. Por un lado, los proyectos solidarios de varias ONG con el Sáhara Occidental en ámbitos como el transporte, la enseñanza, la salud, la alimentación, la vivienda o la agricultura. En el plano político, varios grupos parlamentarios vascos han mostrado interés en la situación de esta antigua colonia española, incluso, intentando viajar al territorio, aunque casi siempre Marruecos les ha impedido el acceso. Las diferentes instituciones mantienen, por su parte, una relación muy fluida con el Frente Polisario Saharaui.

Tierra de acogida

“La hermandad entre el pueblo saharaui y el pueblo vasco es extraordinaria”, resume su delegado en Euskadi, Mohamed Fadel Mojtar. El apoyo institucional y social “se ha consolidado y es muy fuerte. El pueblo vasco respalda nuestros objetivos en la búsqueda de una solución pacífica”, opina este representante, que ocupa su puesto “con disciplina y por convicción”. Este apoyo político y movimiento solidario permite “presionar y avanzar en el marco legal”.

En este contexto, se valora positivamente la proposición de ley que el Congreso de los Diputados tramitará, a iniciativa de Sumar, para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976. De esta forma, se reduciría el plazo de diez años que Mahyub aún afronta, aunque no le beneficiará directamente por haber nacido en 1997.

“Es importante destacar que otros colectivos acceden en menos tiempo a una nacionalidad”, explica Canibell. Por ejemplo, los refugiados lo logran en cinco años; las personas provenientes de Latinoamérica, en dos; y las casadas con personas españolas, en uno. “Pero los apátridas van al plazo general de diez años, que es claramente excesivo, dada su situación de vulnerabilidad”, denuncia el director de esta organización que atendió a 737 saharauis en Euskadi en el último año.

En el mundo occidental, en general, y en Europa, en concreto, todo gira alrededor de los papeles. Muchos derechos están vinculados a tener una nacionalidad, un pasaporte o un permiso de residencia. En el caso de los saharauis, ni el Gobierno de Argelia (donde se ubican los campamentos de desplazados), ni el Gobierno marroquí (estado al que pertenece el Sáhara Occidental), ni el gobierno español (adonde llega este colectivo) les proporcionan ninguna documentación básica.

Situación de los menores

La última memoria de la Fiscalía General del Estado reconoce que 923 menores llegaron a las costas españolas en embarcaciones frágiles durante 2023, acompañados por adultos que afirmaban ser sus progenitores, sin aportar documentación acreditativa fiable. En las pruebas de ADN realizadas se confirmó un resultado positivo e inequívoco en más del 95% de los casos. Su situación, al llegar a España, es calificable como “de apátrida de hecho” ya que ninguno de los países donde nació la madre, donde nació el niño, ni donde van a establecer su residencia les reconoce como nacionales.

El doctor en Derecho y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra conoce bien esta realidad. Ha reclamado en incontables ocasiones una modificación del Código Civil para que los niños nacidos en tránsito migratorio dejen de ser apátridas. “Estos niños son invisibles porque sin identidad y sin nacionalidad, ni siquiera pueden acreditar su existencia jurídica como personas”, sentencia.

Se retrotrae al caso ocurrido en 2022, cuando la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ratificó una sentencia de primera instancia que daba la razón a una madre camerunesa y a una hija, nacida durante el viaje migratorio a España. “La madre pudo empadronarse, pero a la menor le fue denegada la inscripción por no disponer de ningún documento legal que acreditara su identidad”, recuerda Ibarra. “La sentencia declaró que se habían vulnerado los derechos de la niña a la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de su personalidad, y al derecho a la educación”.

Esta niña, actualmente, tiene 7 años. Gracias a su caso, al menos otros dos menores en Córdoba y Almería han logrado la nacionalidad española en condiciones similares de riesgo. “Estos defectos legislativos nos abocan a que tengan que ser los jueces, caso por caso, y muchos años después, quienes efectúen una interpretación para hacerse efectivos los derechos fundamentales de identidad y nacionalidad”, asevera Ibarra.