El 19 de febrero pasado, el fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para liderar la indagación que tiene en la mira a Karol Cariola, a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y a una serie de empresarios chinos, por presunto tráfico de influencias.
Es que en medio de las pesquisas del denominado caso Sierra Bella, el persecutor advirtió conversaciones entre la entonces presidenta de la Cámara de Diputados y la otrora jefa comunal que, presuntamente, revelaban gestiones irregulares para favorecer a una empresa representada por Bo “Emilio” Yang. Así, de manera casi automática, se abrió una causa que comenzó a correr por un carril paralelo.
Y si bien en el marco de dicha indagatoria Cooper ha ordenado diligencias que le costaron una solicitud de remoción ante la Suprema. y otras que no han prosperado, como la petición para alzar el secreto bancario de la congresista, la carpeta investigativa ya suma cientos de documentos y antecedentes que podrían complicar el futuro judicial de la comunista quien ahora aspira a llegar al Senado.
Entre ellos está un informe policial, al que accedió La Tercera, donde se analizan las conversaciones de WhatsApp extraídas desde el celular de Cariola, que le fue incautado el mismo día que dio a luz a su primer hijo. Los chats dejan al descubierto más gestiones de Cariola con altas autoridades y ya no tan sólo para favorecer o ayudar a terceros, amigos de ella como el caso del empresario chino, sino también para sí misma.
De hecho, una de las comunicaciones catalogadas como “relevantes” por la Fiscalía y la PDI es la que, a fines de marzo de 2022, la diputada Cariola sostuvo con el entonces alcalde de Independencia, y hoy delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, a quien le solicitó interceder para conseguir la disminución en el cobro de partes que le habían sacado a ella.
Como se lee en los mensajes, Cariola pidió al exjefe comunal que le ayudara a que multas de tránsito que se le habían cursado por transitar sin TAG le fueran, al menos, rebajadas.
De acuerdo con lo expuesto, al intentar renovar su permiso de circulación, la expresidenta de la Cámara constató que tenía 22 multas, dos correspondientes a Independencia, por lo que le pidió interceder. Todo, como argumentó en ese momento, porque era “mucha plata”.
Y aunque Durán no pudo ayudar, como se resalta en las conclusiones del informe, sí desplegó gestiones en su calidad de autoridad comunal producto de la solicitud de la diputada PC.
“Imputada consulta al sujeto, en ese entonces alcalde de la Municipalidad de Independencia, si puede interceder en rebajar o eventualmente condonar infracciones de tránsito debido a conducir sin TAG en autopistas, a lo cual el Gonzalo Durán señala que el plazo venció en diciembre, por lo cual no puede hacer nada, sugiriéndole que hagan una nueva ley en su calidad de diputada”, se lee en el informe adjunto al expediente del caso “Chinamart”.
Según se evidencia en el informe, la conversación en cuestión ocurrió el 29 de marzo de 2022, a eso de las 16.10 horas.
Si bien en el citado informe no se incorporan los mensajes que Durán le habría enviado para dar cuenta de lo inútil de sus gestiones, sí se hace referencia a otras conversaciones que sostuvieron y que se vinculan con los empresarios chinos cercanos a la congresista. Esto, en agosto de 2023.
A propósito de una interpretación errada que tendrían ciudadanos sobre la convicción del Estado chileno respecto de “Una sola China”, Durán le desliza a Cariola que, para que entiendan las verdaderas intenciones de iniciativas, “lo inviten y le colaboren”.
Semanas después de dicho diálogo, el 9 de diciembre, la congresista le vuelve a escribir a Durán para invitarlo a una cena en el restorán Boragó con una delegación de ciudadanos chinos que era coordinada por Emilio Yang, a lo que rápidamente el entonces alcalde accede.
“Estuvo bkn. Hablemos luego pa’ ver si avanzamos en esa agenda”, le escribió al día siguiente el actual delegado.
En atención a esta actividad, Eduardo Soto, fiscal adjunto de la Fiscalía de Coquimbo, solicitó al jefe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, “ubicar y tomar declaración a Gonzalo Durán en calidad de testigo, con relación a las circunstancias que fue invitado a una cena, aparentemente organizada por Emilio Yang, en diciembre de 2023. Aclarar si asistió en calidad de alcalde de Independencia o como particular. Determinar motivos de la cena, quién la pagó, verificación de medio de pago".
El caso “Chinamart” lejos de acabarse con la eliminación del informe policial con los chats de Hassler y Cariola, ahora se reactiva con diligencias que se desprenden del celular personal de la congresista que no tienen que ver con conversaciones personales, sino de interés criminal: ¿Configura el delito de tráfico de influencias el que una diputada le pida a un alcalde que interceda para rebajar sus multas de tránsito?
Todo esto en el entendido que quienes realizan estos “perdonazos” son jueces de policía local que tienen dependiencia de los municipios.
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