El consejero ha explicado que el Gobierno vasco persigue adaptar la normativa actual, pero respetando los requisitos de tamaño y altura para evitar la proliferación de «infraviviendas». En este sentido, todos los pisos que surjan de un proceso de transformación deberán tener, como mínimo, 35 metros cuadrados y una altura de 2,6 metros. El cambio normativo plantea equipar los requisitos exigidos para levantar alojamientos dotacionales a la conversión de plantas bajas o edificios terciarios. También permitirán a «las viviendas surgidas de estos procesos acogerse al artículo 10 del decreto de habitabilidad que regula la exención del cumplimiento de determinadas exigencias sin necesidad de que el planeamiento lo contemple previamente».

Tal y como ha detallado el responsable autonómico, se prevé «flexibilizar al máximo» el diseño de estas nuevas viviendas en cuestiones «limitantes» relativas al «soleamiento, orientaciones o las distribuciones interiores». Y es que, según los expertos, son las «exigencias» de la actual legislación lo que limita las reconversiones. Lo que genera problemas, adviertes, es que por ejemplo en Bilbao, la normativa, acorde al PGOU, impide el desarrollo de este tipo de obras en «centros neurálgicos y corazones de ciudad». Tampoco permite que las actuaciones se desarrollen en aquellas partes de la ciudad «que no cumplen con los objetivos acústicos», ni en inmuebles ubicados en calles estrechas donde haya mucho tránsito.

Por ello, y para que la modificación de la ley pueda tener un efecto directo, es necesario que los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia en este ámbito, también «modifiquen sus normativas urbanísticas municipales».

Decreto urgente

La medida se incluye en un decreto de modificación urgente que el Gobierno vasco ya ha comenzado a tramitar y que está en exposición pública. Un documento que permite al Ejecutivo autonómico «actuar con urgencia y eficacia» y adaptar la normativa «al contexto social y económico para facilitar el acceso a las personas a una vivienda».

Preguntado por el socialista, Adrián Fernández, el consejero sostuvo que «Euskadi no puede permitirse mantener tantos locales vacíos». «Sabemos que esta medida por sí sola no es la panacea, pero todas las acciones que estamos llevando a cabo ayudarán a dar solución al problema de la vivienda». Los socialistas han matizado además que la medida no busca atentar contra el comercio, «que es el alma de las ciudades».