No por ser una decisión previsible deja de tener un tremendo impacto en una de las causas más mediáticas de los últimos años, la que ... obligó a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a abandonar sus responsabilidades en la Generalitat.
La Fiscalía no aprecia una actuación delictiva de la líder de Compromís y de su equipo de colaboradores y defenderá su absolución en un eventual juicio. Esta es la principal conclusión del escrito que el ministerio fiscal ha presentado recientemente en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El siguiente paso corresponde ahora al titular del órgano.
El magistrado, conocido por instruir la macrocausa de Emarsa o las agresiones del 9 d'Octubre, únicamente dispone de un camino: el auto de apertura de juicio oral. Y eso pese a que, según su criterio, no existen indicios delictivos para llevar el asunto a la vista oral. Pero fue la Audiencia la que revocó el inicial sobreseimiento.
La Sala apuntó entonces que el mismo relato de hechos que permitía sostener el sobreseimiento era también suficiente para mantener la tesis contraria, la de la existencia de un plan para silenciar a la víctima.
El resto de partes ya ha solicitado la apertura de juicio. Las acusaciones, al margen de la Fiscalía, se reparten entre la propia Teresa Tanco, la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra, el partido político Vox y la asociación Gobierna-te, una plataforma en la órbita de la polemista Cristina Seguí. Todas ellas mantienen que hubo un concierto previo entre los funcionarios y la cúpula de la Conselleria de Igualdad para tapar este asunto por las repercusiones políticas que iba a generar.
La acusación particular, la de la entonces menor Tanco, reclama tres años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral. Idéntica petición a la de Vox. Gobierna-te, por ejemplo, eleva la petición a seis años de prisión.
Luis Ramírez Icardi, la expareja de Oltra que trabajaba en un centro de reeducación de menores, fue condenado a cinco años de cárcel por estos hechos. Ahora cumple pena en Picassent.
La acusación particular, que dirige el presidente de España 2000, José Luis Roberto, apunta a la lentitud del centro de menores en investigar los hechos y que, además, nunca se comunicó la agresión sexual a la Fiscalía. Fue casi una causalidad cuando los agentes de la Policía Autonómico conocieron los hechos. Fue durante una visita de los agentes a las instalaciones para encargarse de otra menor, amiga de Tanco. Tras comenzar las pesquisas judiciales, los investigados se dedicaron a «entorpecer la investigación», siempre según esta acusación.
La posición de la Fiscalía puede sorprender porque en la mayoría de los juicios suele ejercer la acusación. Pero no resulta, por otra parte, algo extraordinario que no lo haga. Por ejemplo, existe un antecedente cercano en otro sumario mediático: el caso de RTVV contra José López Jaraba.
El titular de Instrucción 15 de Valencia tendrá que analizar contra qué personas se ejerce la acusación. A algunos procesados no se les acusa y, por tanto, la causa contra ellos quedaría archivada en breve. El auto de apertura de juicio es una de las escasas resoluciones que no admiten recurso. La vista oral se espera para finales de este año o casi con más precisión para principios del próximo 2026.
La absolución de Oltra aparece en el horizonte como la opción más probable. De hecho, el auto de la Audiencia ya argumentaba que las dudas que pudieron aparecer en esta fase intermedia –el hecho de si celebrar o no el juicio– servirían para la absolución de la vicepresidenta en la vista oral.
Esta investigación judicial arrancó tras la segunda sentencia contra el educador Luis Ramírez Icardi. El TSJ obligó a repetir parte del primer juicio tras descubrirse la existencia de un informe que favorecía al entonces condenado. Fue con ese último fallo cuando los magistrados censuraron con dureza la actuación de la conselleria.
Así, hablaban de una especie de «investigación parajudicial» al margen de las pesquisas judiciales que trataban de poner en duda la credibilidad de la menor. Ramírez Icardi, el docente que trabajaba en un centro de reeducación, fue condenado a cinco años de cárcel. Inmediatamente fue despedido de su trabajo y, más tarde, ingresó en Picassent. Oltra aguarda un pronunciamiento favorable para volver a la primera línea política. Es uno de sus objetivos.
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