Esta semana, el Poder Judicial confirmó la anulación del juicio contra Keiko Fujimori y casi 50 imputados más por el Caso Cocteles, al rechazar las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público como por la procuraduría que buscaban revertir el fallo inicial de enero. La decisión es una derrota sin atenuantes para el equipo a cargo del proceso, encabezado por el fiscal José Domingo Pérez, pues, si bien no implica necesariamente una absolución de los acusados, ya que el proceso volverá a la etapa intermedia, sí golpea la reputación de los investigadores y pone en duda, en el mejor de los casos, sus capacidades y, en el peor, sus motivaciones.

La fiscalía no pudo presentar una acusación sólida a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones y en el camino manchó a varias personas, entre ellas, empresarios, lo que contribuyó a dañar la percepción ciudadana de la inversión privada. El proceso concitó gran interés en la opinión pública porque comprendía a una candidata que estuvo tres veces a punto de llegar a la presidencia , y en cuyo último intento, en el 2021, el proceso jugó un papel determinante.

Y, sin embargo, la responsabilidad les quedó grande a varios magistrados. Empezando por el equipo de la fiscalía, que, entre otras cosas, se apresuró en presentar la acusación cuando todavía faltaban diligencias por realizar y cuando esta tenía vicios tan visibles que el Ministerio Público fue parchando, una y otra vez, a posteriori. El hecho de que esta decisión precipitada haya coincidido además con el calendario electoral del 2021 solo abona a la sensación de que se dio por motivos extralegales. Añadido a ello, en el proceso se cometieron abusos que se extendieron más allá del límite de lo razonable, como la acusación contra el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, sin mayores pruebas, y otros que fueron corregidos por el TC, como el que comprendía al abogado Arsenio Oré. Por no hablar del tiempo perdido para los más de 40 imputados cuyas vidas se han visto interrumpidas por este juicio.

Pero tan responsable como el equipo de la fiscalía que estuvo a cargo del Caso Cocteles es el magistrado Víctor Zúñiga, el juez que debía verificar que la acusación cumpliera con los requerimientos necesarios para evitar que se terminara cayendo, como finalmente pasó.

En fin, lamentablemente, el que debía ser un proceso emblemático se terminó convirtiendo en un, por así decirlo, coctel de errores que los magistrados fueron arrastrando hasta la sala de audiencias solo para que, una vez allí, se terminara cayendo por su propio peso. Ojalá que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial saquen las lecciones apropiadas. Después de este jalón de orejas, un poco de autocrítica no estaría mal.